Luego de 17 años de expedida la ley 100/93, hasta los más ingenuos de sus iniciales defensores han concluido que ella no se diseñó para atender la salud de los colombianos, sino para atender el negocio financiero que algunos hacen con la salud de los colombianos, que no es lo mismo. El problema empezó porque la Constitución de 1991 le abrió paso a la privatización neoliberal, de manera que los Derechos Ciudadanos se convirtieron en vulgares negocios y los pacientes en clientes, concepción que le permite a un puñado embolsillarse como ganancias sumas enormes que, en este caso, deberían destinarse a la salud y a la vida de la nación.
Colombia es uno de los países latinoamericanos con mayor gasto en salud. Alrededor de 37 billones de pesos se mueven en este sistema, dinero suficiente para dar cobertura universal, gratuita y de excelente calidad. Pero las reformas hechas a la ley 100, en lugar de redistribuir los recursos y eliminar la intermediación financiera, se lucra de la enfermedad de los colombianos. Lo que hizo Uribe fue aumentar el dinero en el sistema para garantizar e incluso mejorarles el negocio a las E.P.S.
No hay posibilidad de que un excelente proyecto de ley o de acto legislativo presentado por parlamentarios progresistas logre un cambio positivo. Esta sólo será posible si logramos una grande y sólida organización, capaz de alcanzar una gran movilización ciudadana, tan grande que sea capaz de derrotar a los neoliberales y con ello la infamia plasmada en su “Sistema de salud y seguridad social” y logre la derogatoria de la nefasta ley 100/93.
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